En el primer párrafo del artículo, se dice que si alguien trata de persuadir o presionar a cualquiera de estas personas para que cambien su testimonio o su participación en un proceso judicial utilizando la violencia o la intimidación, pueden ser condenados a penas de prisión que van desde uno hasta cuatro años, junto con una multa de seis a veinticuatro meses. Si logran que la persona cambie su actuación, la pena será aún más severa.
En el segundo párrafo, se establecen las mismas penas para quienes realicen actos violentos o dañinos contra la vida, integridad, libertad, libertad sexual o bienes de las personas mencionadas anteriormente como represalia por su participación en un caso legal. Esto significa que si alguien ataca o perjudica a estas personas debido a su papel en un proceso judicial, también enfrentará duras consecuencias legales.
En resumen, este artículo tiene como objetivo proteger la integridad y la justicia en los procedimientos legales, asegurando que las personas involucradas no sean amenazadas, intimidadas ni dañadas de ninguna manera. Estas leyes son esenciales para garantizar un sistema de justicia justo y seguro para todos.
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